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Últimas noticias del coronavirus, en directo | Los contagios diarios en Cataluña descienden hasta 1.100 y cae el riesgo de rebrote

La portada de The Economist del sábado mostraba un largo túnel con una luz al final. Alumbraba una jeringuilla con la vacuna para el coronavirus poco después de conocer los prometedores primeros resultados de la inmunización de Pfizer y BioNTech, que indican una efectividad del 90%. Por muy preliminares que sean, es tentador dejarse llevar por este halo de esperanza que aparece después de nueve largos meses de pandemia. Pero no todo el mundo lo hace. Un segmento de la población mira al fármaco con más recelo que optimismo. Una encuesta publicada el domingo por este periódico mostraba que un tercio de los españoles son reacios a vacunarse. ¿Podrían dar al traste con la ansiada solución para esta crisis? ¿Se les podría obligar?

La respuesta a esta última pregunta es sí. La ley de salud pública de 1986 permite tomar medidas que limiten derechos individuales siempre que beneficien a la mayoría de la comunidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya sugirió la semana pasada que, aunque es una opción que no cree necesaria, no se debe descartar por completo. En España existe un precedente: tras un brote de sarampión en Granada en el año 2010, un juez autorizó a la vacunación forzosa de los niños cuyos padres se negaban a que les pinchasen. Con la vacuna de la covid no es un escenario ni probable ni cercano, ya que tardará al menos un año en que haya vacunas para todos. Como apunta Carlos González, pediatra y autor del libro En defensa de las vacunas, al principio el problema no será quienes la rechazan, sino que “no habrá para todos los que la quieren”.

“Es un debate que se ha planteado en salud pública desde hace muchos años en muchos países”, apunta Fernando García, presidente del Comité de Ética de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III y colaborador del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. “Es un conflicto entre las libertades individuales y la protección de la salud que normalmente no se plantea porque se suelen buscar fórmulas para que se armonicen ambos bienes”, señala.

En España es un debate que no ha tenido normalmente gran repercusión porque el consenso de la sociedad a favor de las vacunas es tal que no es necesario plantearlo. Es uno de los países con mayores tasas de vacunación del mundo y los movimientos antivacunas, que han calado más en otros países, como Francia o Italia, aquí no han tenido casi repercusión. En estos dos países ya se ha recurrido a la obligatoriedad de las vacunas para niños ante este problema. Según el Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría, en 11 países de la Unión Europea es obligatoria al menos una (Italia, Letonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Francia, Hungría, Polonia, República Checa, Grecia y Bélgica).

El beneficio de la vacunación, al contrario de lo que sucede con la medicación para otras enfermedades (como podría ser la decisión entre recibir o no quimioterapia para un cáncer), repercute en toda la sociedad. La inmunización no solo protege a la persona que la recibe, sino que si un buen número de la población la tiene puesta, el virus no podrá circular y no infectará a nadie, tampoco a las personas que por problemas médicos o de tolerancia no se la pueden poner.

El porcentaje de personas necesario para llegar a lo que se conoce como protección de rebaño depende de lo contagiosa que sea la infección. Con el sarampión, por ejemplo, que es una de las enfermedades que más fácilmente se propagan, es necesario superar el 90% (en España se acerca al 95%). En el caso de la covid-19, los expertos consideran que podría estar alrededor del 70%. El 30% restante coincide aproximadamente con el porcentaje de personas que no están muy dispuestas a recibir la vacuna, según la encuesta de 40dB. para EL PAÍS: un 13,1% no se lo plantea y un 20,6% aceptaría el pinchazo solo de ser estrictamente necesario.

Con estas cuentas, establecer la obligatoriedad no parece muy necesario. Porque, además, como señala García, todavía es pronto para evaluar esto. “Hemos visto recientemente cómo dos ensayos se han tenido que parar por efectos adversos, eso se ha hecho público y puede generar recelos. Distinto será cuando ya lleve un tiempo administrándose, ahí la gente irá viendo cómo funciona y puede que muchos pierdan el miedo”, señala este epidemiólogo.

Si, a pesar de todo, cuando haya vacuna disponible para toda la población, el rechazo de una parte hiciera peligrar la salud púbica, sería posible recurrir a medidas de obligatoriedad, según los expertos consultados. Pero es una última opción a la que nadie desea llegar. “Hoy por hoy, cuando ni siquiera hay para todos, lo único que conseguirías es dar argumentos a los antivacunas, que hablarían de opresión”, señala González.

Fernando García explica que lo ideal es convencer a la ciudadanía a través de procesos transparentes y divulgativos. Y advierte de que tanto entusiasmo generado por una vacuna todavía en fase de pruebas (Gobierno incluido) puede ser contraproducente, ya que si los resultados definitivos empeoran se puede convertir en un arma de doble filo.

Igual piensa Itziar de Lecuona, del Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona. En su opinión, antes de recurrir a medidas coercitivas existen otras intermedias que pueden pasar por incentivos. “Podría impedirse la escolarización a niños no vacunados, como sucede en otros países [lo hacen en Australia y algunos lugares de Estados Unidos], que si estás vacunado puedas acceder a ciertos sitios o a que te atiendan en tu centro de salud”, señala Lecuona, que cree que ni siquiera será necesario llegar a esto: “En una sociedad informada, por razones de solidaridad, la gente responde”.

En cualquier caso, los tres especialistas consultados aseguran que la obligatoriedad, en el caso de que haya que plantearla como opción, no estará sobre la mesa, como mínimo, hasta dentro de un año. Antes de ese momento no habrá vacunas para todos. “Si alguien no la quiere hasta nos viene mejor a los que sí”, ironiza Carlos González, quien, más en serio, apunta que de lo que habría que preocuparse ahora es de que todo el que quiera vacunarse pueda lo antes posible. “Es un reto logístico impresionante”, zanja.

Los antivacunas y el fenómeno del polizón

Aunque no es numeroso, en el mundo existe un creciente número de antivacunas, personas que rechazan las inmunizaciones, a pesar de que han demostrado ser uno de los mayores avances de la humanidad en términos de salud: se estima que evitan entre dos y tres millones de muertes cada año.

La explicación que daban los expertos normalmente a este fenómeno es que en países ricos, donde ciertas enfermedades ya estaban olvidadas, las personas que no conocían el sufrimiento que habían generado en el pasado infecciones como el sarampión, la polio o la tosferina se podían permitir el lujo de rechazarlas por miedo a unos efectos secundarios que, de producirse, entrañan muchos menos riesgos que la enfermedad que evitan. Es algo que no sucede en los países en desarrollo, donde las familias ven morir a sus hijos con frecuencia a lo largo de sus vidas. Pero en esta epidemia la cosa cambia. Ahora sí estamos viendo los estragos que puede causar la covid. “Paralelamente, también han avanzado los bulos, y más los relacionados con la vacuna”, recuerda el pediatra Carlos González.

Al ser un medicamento muy nuevo, que se ha desarrollado muy rápido, puede generar recelos en alguna parte de la población más aprensiva. “Muchas de estas personas no la quieren para ellos, pero se beneficiarán de la protección de rebaño. Es lo que se llama fenómeno del polizón, personas que viajan gratis a costa de las demás; no quieren asumir los riesgos potenciales, que siempre los hay en cualquier intervención médica, por pequeños que sean”, añade el epidemiólogo Fernando García. “Si son muy pocos, nos lo podemos permitir, el problema es que haya demasiados”, zanja.

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Fuente: EL PAÍS
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