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Sanidad notifica 685 nuevos positivos en las últimas 24 horas y ha localizado 201 brotes activos

Uno de los objetivos del estado de alarma, más allá de frenar el virus y el colapso de las UCI, era ganar tiempo. Tiempo para comprar equipos, respiradores, pruebas, mascarillas, para reorganizar la industria y ser capaces de producir materiales nacionales, para reforzar las plantillas de sanitarios y profesionales de la salud pública que se encargaran de localizar cada contacto cercano de un caso, aislarlo, hacerle pruebas y frenar así la cadena de contagio. Porque, por mucho que se llegara a controlar, el virus seguiría ahí y había que estar preparados para nuevas olas hasta la llegada de una vacuna. Pero en este tiempo no se hicieron los deberes, al menos en salud pública: España tiene menos de la mitad de los rastreadores de casos de los que precisa, según datos recabados por este periódico de las propias comunidades autónomas y los cálculos de las recomendaciones internacionales.

De acuerdo con las cifras que han facilitado las consejerías de sanidad —excepto Galicia, que no ha contestado y Canarias que no posee esta figura y hace el rastreo en atención primaria—, sus servicios de salud pública tienen un total de 3.533 rastreadores (ver gráfico), lo que equivale a uno por cada 12.000 habitantes, aproximadamente (omitiendo las dos autonomías antedichas). El número óptimo sería alrededor de uno por cada 5.500 habitantes en España, es decir, unos 8.500 profesionales, según un cálculo de Álex Arenas, investigador de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, aplicando los datos del país a la herramienta para calcular el número de rastreadores necesarios diseñada por la Administración de Servicios y Recursos Sanitarios de Estados Unidos (HRSA, por sus siglas en inglés). Es una cifra de mínimos. Alemania ha determinado que son necesarios uno por cada 4.000 habitantes, tres veces más de los que tiene España.

Las cifras no son homogéneas. Varían mucho por comunidades autónomas: mientras Castilla-La Mancha y La Rioja mejoran de estos umbrales (contando en el último caso no solo los que hay, sino los que tienen posibilidad de ampliar), Madrid, Cataluña y Asturias tienen menos de un rastreador por cada 30.000 habitantes, entre seis y siete veces menos de lo que estima necesario. Esto es algo especialmente preocupante en las dos primeras, que tienen grandes núcleos urbanos donde es vital esta figura.

En cualquier caso, resulta complicado encontrar una cifra perfectamente homologable de cuántos de estos profesionales son necesarios, porque no todas las autonomías tienen montados sus sistemas de la misma forma, no todas adjudican la misma importancia a la atención primaria y, demográficamente, es muy distinta la necesidad de una zona urbana (donde hacen falta más) que una rural (donde los centros de salud pueden asumir buena parte del trabajo). Los datos de España son el resultado de una suma optimista: no solo cuenta los que hay trabajando ahora, sino que también los que las consejerías aseguran que están preparados para incorporarse. No están en el recuento las 8.168 enfermeras de atención primaria que Andalucía añade a este cómputo, puesto que los centros de salud tienen que ser siempre un complemento en todas las comunidades, y sus profesionales no cuentan con dedicación exclusiva para rastrear casos. En Aragón, que también confía esta tarea a la atención primaria, se ha computado el número de refuerzos en esta área para hacer una aproximación.

En Cataluña ya se ha visto cómo la escasez de estos recursos ha impedido hacer un seguimiento de los contactos, lo que ha desembocado en una transmisión comunitaria que ahora la Generalitat lucha por frenar. También queda de manifiesto en Madrid, que pese a que cada día es una de las que más casos reporta, apenas localiza brotes: es decir, no hallan vínculos entre los positivos, lo que indica que el rastreo no es lo suficientemente profundo, ya que todo positivo proviene de alguien que lo ha contagiado.

El plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19, que Sanidad ha presentado esta semana a las comunidades, no plantea unos umbrales mínimos de rastreadores. Se limita a exponer que los territorios deben tener la “capacidad suficiente” para esta tarea. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha defendido también esta semana que poner cifras no era útil, porque hay mucha variación en función de la preparación de los servicios de primaria, de la demografía, del momento de la epidemia… En su última rueda de prensa, el jueves, dijo que la mayoría de las comunidades alcanzaba el personal necesario, pero que en algunos casos se precisaban refuerzos. Preguntado por este periódico, prefirió no señalar cuáles eran estas autonomías.

Miguel Hernán, catedrático en Epidemiología de la Universidad de Harvard y uno de los miembros del comité científico que asesora al Gobierno, cree, por el contrario, que habría sido útil poner unas cifras orientativas, lo que habría ayudado a los Gobiernos regionales a afinar el tiro y habría servido como incentivo para hacerlo. Viendo el número que han facilitado, Hernán lo considera muy bajo: “No llegamos a hacer las cuentas porque no se decidió poner umbrales, pero en las comunidades grandes hay unos cientos y deberíamos estar hablando de miles”.

La mención a la importancia de los rastreadores y los servicios de salud pública es prácticamente una constante entre los epidemiólogos. “Llevamos insistiendo desde hace meses en la necesidad de contratar rastreadores para hacer el seguimiento de quienes han estado en contacto con una persona infectada”, señala Helena Legido-Quigley, experta en sistemas sanitarios de la London School of Hygiene & Tropical Medicine. “Siguiendo el ejemplo de Alemania, hace falta como mínimo un rastreador por cada 4.000 habitantes. En Escocia, con una población de 5,4 millones, han contratado a 2.000 [la Comunidad Valenciana, con una población similar, tiene la mitad, y es la que más ha contratado de toda España]. Así que nos harían falta como mínimo unos 12.000 rastreadores [frente a los 3.500 que hay]. En algunos casos, estos deberán estar a la espera de que se les llame si la comunidad no tiene en ese momento muchos casos, pero tienen que estar preparados para actuar inmediatamente ante una posible escalada. Esta inversión es la mejor que podemos hacer”, añade la experta.

Un ejemplo de este coste-efectividad lo pone Pedro Gullón, de la Sociedad Española de Epidemiología: “Madrid se va a gastar 50 millones en un hospital de pandemias, cuando con solo cinco podría contratar a todos los rastreadores que necesitan y, gracias a ellos, seguramente no haría falta esta instalación”.

Qué hace un rastreador

Idealmente, un rastreador es un epidemiólogo, aunque es un papel que pueden desempeñar otros profesionales sanitarios. Tras un positivo, reportado por ejemplo por un centro de salud, su tarea es llamarlo y hacerle una entrevista que permita determinar con qué contactos cercanos ha estado durante la etapa en la que era probablemente contagioso: tres o cuatro días antes del comienzo de síntomas, para localizarlos, aislarlos y hacerles pruebas a ellos.

Es un hilo del que se va tirando y, si se hace bien, normalmente, se encuentran nuevos positivos que permiten seguir la cadena de transmisión. Es entonces cuando se habla de brotes, ya que estos están formados por tres o más personas vinculadas. Cuando se pierde la pista, estamos ante casos sueltos y una posible transmisión comunitaria.

Es un trabajo que en condiciones normales requiere una entrevista que puede llegar a los 40 o 45 minutos. “En un día normal, sin sobrecargas, a lo mejor puedes hacer tres o cuatro casos, con sus respectivos contactos, bien hechos. Pero esto cuando se empiezan a acumular es imposible, tienes que ir mucho más rápido y no puedes ser tan concienzudo”, explica uno de estos rastreadores que estuvo trabajando en la peor época (marzo y abril) en Madrid. El resultado es que en España hay una mediana de cuatro personas contactadas por cada positivo. Prácticamente se limitan al entorno familiar y muy cercano, ya que es difícil llegar más allá con los medios disponibles. Ayudaría mucho, según señala Legido-Quigley, una aplicación de móvil como la que ya se usa en otros países y que automáticamente localiza a las personas que estuvieron cerca de un contagiado durante más de 10 o 15 minutos. Es algo que está desarrollando la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, pero cuatro meses después de que se declarase el estado de alarma, sigue sin estar lista. Y no se espera, como muy pronto, hasta septiembre.

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Fuente: EL PAÍS
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