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El giro del ‘caso Dina’ da alas a la mafia policial

Hay instrumentos en el Parlamento para que, a pesar de estar en periodo extraordinario por el verano, la oposición pueda llevar al Congreso el llamado caso Dina donde se investiga el robo del móvil a Dina Bousselham, una de sus antiguas asistentes, y cuyo contenido acabó publicado en varios medios de comunicación— y pedir explicaciones al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. La Diputación Permanente se reunirá antes de que termine julio, según han solicitado ya más de 50 diputados populares, como es preceptivo, para que Iglesias comparezca en la comisión de Justicia.

¿Por qué el vicepresidente retuvo seis meses la tarjeta SIM del móvil de su asistente Dina Bousellham? Este interrogante recorre las 46 cuestiones que el PP plantea al Gobierno junto a la petición de los conservadores, Ciudadanos y Vox, para que el vicepresidente y líder de Unidas Podemos comparezca y dé explicaciones. En cada intervención de la oposición se apuntará a Pedro Sánchez por amparar a su vicepresidente.

La oposición apunta en distintas direcciones, sobre todo el PP, que ha reunido en 46 preguntas al Gobierno todas sus posibles variantes. El juez de la Audiencia Manuel García Castellón instruye la causa del robo de la tarjeta y de su conexión con el comisario jubilado José Villarejo para perjudicar a Unidas Podemos. El magistrado ha retirado a Iglesias la consideración de perjudicado y ha pedido que él y su exasistente dejen de compartir abogado. Para Podemos todo es una operación para perjudicar a su partido que se inició hace más de tres años para impedir que esa formación política llegara a acercarse al poder.

En foto, Jorge Buxadé, portavoz de Vox, durante una rueda de prensa en la sede de su partido. En vídeo, Buxadé pide personarse como acusación en el Caso Dina. FOTO: EFE / VÍDEO: EUROPA PRESS

Todas las preguntas se han formulado para ser respondidas por escrito. Se dirigen a Pedro Sánchez, al propio Iglesias y a la ministra de Igualdad, Irene Montero. El vicepresidente reconoció la semana pasada que retuvo la tarjeta su exasistente seis meses después de haberla recuperado por el grupo de comunicación Zeta, al que llegó de forma anónima, con el afán de preservarla de la “presión” que podía tener si conociera que circulaban imágenes y mensajes personales.

“¿Comparte el Gobierno la opinión del vicepresidente de que es necesario proteger a las mujeres adultas mayores de edad sin su conocimiento y sin su consentimiento?”, pregunta la formación liderada por Pablo Casado. El PP, además, se dirige a Montero: “¿Actuará el ministerio de Igualdad contra el vicepresidente segundo del Gobierno por el supuesto caso de violencia contra la mujer en el que podría haber incurrido?”.

Antes de que termine el mes el caso Dina se debatirá en la Diputación Permanente, en la que habrá enfrentamiento en torno a las llamadas cloacas del Estado. El PP defenderá que no han existido, pero, al margen del caso de la tarjeta robada a la exasistentes de Iglesias, tanto el PSOE como Unidas Podemos rememorarán todos los casos que demuestran la actuación irregular, también judicializada, de policías en la etapa del gobierno del Partido Popular. Aun así, la parte socialista del Gobierno, incluido su presidente, Pedro Sánchez, se inhibirá de opinar sobre el caso, lo que no impedirá a la oposición conservadora de pedirle responsabilidades.

Fuente: EL PAÍS
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