“Me gustaría que el Gobierno español pudiera gozar de estabilidad”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto para la creación del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables para las comunidades autónomas. La bolsa, de un volumen sin precedentes, servirá a los territorios para financiar los gastos causados por el coronavirus. Los territorios desconocen las partidas que les corresponderán ―habrá cuatro tramos entre julio y diciembre―, aunque la población tendrá más peso respecto a la idea original del Gobierno. Las comunidades no tendrán que pagar intereses. Tampoco les supondrá más deuda.

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha afirmado que las comunidades que han sufrido mayor impacto de la covid-19 recibirán “mayor volumen” de recursos. “Su distribución entraña una complejidad, ningún territorio se identifica al 100%, esto significa que es lo más justo. Yo estoy contenta, el diseño, responde a criterios de igualdad y de equidad. Responde a un volumen de recursos muy similar a lo que las comunidades iban a recibir”, ha añadido Montero. La portavoz ha insistido en que la mayor transferencia de recursos a las comunidades al margen del sistema de financiación ha tenido en cuenta las demandas de cada comunidad y de los grupos políticos. El Congreso tendrá que aprobar la creación del fondo. Para hacerse una idea de su tamaño, equivale a más del triple del presupuesto anual de ministerios como Educación y Sanidad, dobla el presupuesto para infraestructuras y triplica los presupuestos para seguridad ciudadana.

El fondo, anunciado por Pedro Sánchez el pasado 2 de mayo, ha roto por una vez el cierre de filas de las comunidades del PSOE. También en las del PP. Las especificidades de cada territorio hacen que por ejemplo compartan intereses Castilla y León (PP) y Castilla-La Mancha (PSOE), que tras Madrid y Cataluña han sido los territorios más afectados por la pandemia en cuanto a fallecidos. Los Ejecutivos de las dos Castillas y de otras comunidades de la España vacía creen que son penalizados y no se tiene lo suficientemente en cuenta la extensión de sus territorios y el envejecimiento y dispersión de su población. Madrid y Cataluña en cambio salen más beneficiadas, ya que, además de ser las que concentran el mayor número de decesos, son las más pobladas tras Andalucía.

Para hacerse una idea de los intereses enfrentados entre comunidades del mismo signo político, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), el más crítico con el Gobierno junto al presidente catalán, Quim Torra, ha celebrado la creación del fondo. “Bienvenido sea, va a ser una aportación importante para todas las comunidades autónomas, pero ya era hora porque llevamos más de tres meses soportando el peso del gasto”, ha declarado su consejero de Hacienda madrileño, Javier Fernández-Lasquetty.

En cambio, el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, fue de los que se quejó sobre las nuevas condiciones del fondo en la última cumbre de líderes territoriales. Euskadi no está de acuerdo con los criterios de distribución y ha reclamado la celebración “urgente” de la comisión mixta del concierto vasco para acordar bilateralmente el reparto y reconducir lo que ha calificado como “flagrante vulneración” de la Ley de Metodología de determinación del Cupo”, informa Pedro Gorospe. El fondo podría dejar entre 560 y 600 millones en País Vasco. “Ya le dije al presidente que en esto, hiciera lo que hiciera, no nos pondríamos de acuerdo”, señaló el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras el Consejo de Política Federal que reúne a los barones del PSOE. Dos ejemplos de las diferencias en las filas socialistas: el presidente canario, Ángel Víctor Torres piensa que el reparto aprobado en el Consejo de Ministros “mejora la primera propuesta”. Torres solicitó que se tuvieran en cuenta todos los test, no solo los positivos, y que hubiera fondos especiales para educación y transporte.

Sánchez comunicó los nuevos criterios de reparto en la conferencia de presidentes del 7 de junio. Con la nueva distribución se destinarán 9.000 millones a cubrir el incremento de la inversión sanitaria, 2.000 a educación y 5.000 a la caída de ingresos, de los que se detraen 800 para un nuevo fondo de transportes que compensará el descenso de la facturación de las empresas públicas en metro, cercanías o autobuses interurbanos. La idea inicial del Gobierno era que 10.000 millones fueran para compensar los gastos extraordinarios en sanidad, otros 1.000 para gastos sociales y 5.000 más para fomentar la recuperación económica.

Las comunidades disconformes cuestionan que la rebaja en 1.000 millones para cubrir gastos sanitarios y la desaparición de la partida de 1.000 millones para gastos sociales. Sumando ambas salen los 2.000 millones de inversión en educación. Presidentes autonómicos como Fernández Vara destacan que la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, dotado con 3.000 millones, suponen en sí mismos una inyección colosal y permite reorientar el reparto del fondo. A las regiones más rurales tampoco les agrada que de los 5.000 millones pensados para compensar la caída de ingresos se detraigan los 800 millones para transporte. Su conclusión es que favorece en exclusiva a las grandes ciudades: casi la mitad será para los consorcios de transporte público de Madrid y Barcelona. El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, lo considera un “varapalo” al área metropolitana de Valencia. El metro, tranvía o tren de titularidad autonómica en el resto de provincias contará con un 13%. Otro 34% se dedicará al transporte regular de viajeros interurbanos en todo el país salvo las dos urbes citadas y Canarias: al bus interurbano en el archipiélago se destina un 4% del fondo de transportes.

El fondo se repartirá en cuatro tramos hasta diciembre. Arrancará con 6.000 millones en julio en función de criterios representativos del gasto sanitario de cada territorio. Su reparto se hará en función de la población protegida equivalente (35%), el número de pacientes ingresados en UCI (30%), los pacientes hospitalizados (25%) y el total de pruebas PCR realizadas (10%). Para ello, se tomarán los datos a fecha 30 de abril. Ceuta y Melilla dispondrán de un fondo fijo de 12 millones.

Otros 3.000 millones para gasto sanitario se concederán en noviembre. La importancia de la población protegida equivalente será del 45%, diez puntos más que en el primer tramo. El peso de los ingresos en cuidados intensivos bajan ligeramente al 25%, al igual que las hospitalizaciones (20%). La inversión en PCR se mantendrá en el 10%. La distribución en este tramo se realizará conforme a los datos actualizados a 31 de octubre. Ceuta y Melilla contarán con seis millones.

Para gastos educativos se reservan 2.000 en septiembre, justo cuando se producirá uno de los hitos más difíciles de gestionar: el regreso a las aulas. El 80% se repartirá en función de la población de 0 a 16 años de cada territorio. El 20% restante estará enfocado a la educación universitaria y tendrá en cuenta la población de 17 a 24 años. Ceuta y Melilla se reservarán siete millones.

En diciembre se darán 5.000 millones —incluido el fondo de transporte— para paliar la merma de ingresos por la caída de la actividad económica. De los 4.200 millones que quedan tras restar los 800 para transporte, el 60% se distribuirá en función de los ingresos medios por los impuestos cedidos a las comunidades y el 40% por la población ajustada. Navarra y País Vasco, las únicas comunidades fuera del régimen común, se quedan fuera de este último tramo. Hacienda permitirá que las comunidades puedan usar su superávit para compensar el hipotético déficit generado en 2020. Esto es, para gasto corriente y no solo para amortizar deuda. Solo tres autonomías cerraron 2019 sin números rojos: Canarias (0,7%), Euskadi (0,5%) y Navarra (0,4%).

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Fuente: EL PAÍS
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