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La ministra de Educación responde | “La concertada está perfectamente contemplada y respetada en la ley”

Estudiantes de Navarra se preparan en Pamplona para comenzar, la semana pasada, las pruebas de acceso a la Universidad.Villar López / EFE

Siempre en vías de extinción, la selectividad ha logrado sobrevivir hasta hoy pese a los augurios que han anunciado una y otra vez su desaparición casi desde su nacimiento en España, hace 45 años. Ha sufrido, eso sí, numerosos cambios y adaptaciones que no han conseguido, sin embargo, desterrar algunas de las críticas que le han perseguido desde el principio, como la de ser una prueba demasiado blanda; estaba presente ya cuando aprobaba el 75% de los alumnos, y lo está ahora, con porcentajes superiores al 90% y cercanos al 95% en algunas comunidades. Otras acusaciones, como la de ser una prueba antisocial o ser directamente innecesaria, han ido y venido, palideciendo ahora ante la más repetida: al ser los contenidos de las pruebas distintos en cada comunidad, la dificultad varía, según sus detractores, convirtiendo el proceso en injusto para una parte del alumnado.

Lo cierto es que, con independencia de que nunca se hayan demostrado claramente, según los rectores, esas diferencias de dificultad, las universidades siempre han tenido un gran margen para fijar, dentro de unas normas generales, los contenidos concretos de los exámenes. Aunque esto no fue un problema para casi nadie hasta que comenzó a funcionar, en los primeros años del siglo XXI, el distrito abierto universitario, es decir, cuando un alumno pudo hacer la selectividad en cualquier punto de España y solicitar plaza en igualdad de condiciones en un campus de cualquier otro lugar; hasta entonces, las universidades de cada comunidad estaban prácticamente blindadas solo para los vecinos de sus autonomía.

Hace algo más de un año, la ministra de Educación, Isabel Celaá, le quitó importancia a esta polémica y rechazó de plano un examen nacional igual en todo el país, aunque admitió cierto margen de mejora, por ejemplo, homologando los criterios de corrección. Pero la comisión que debía proponer los cambios quedó atascada por las dobles elecciones del año pasado, así que los sistemas por los que se deciden los contenidos, los procesos y las correcciones y las personas que dirigen todo siguen siendo exactamente las mismas este año. Las siguientes son las claves para entender el proceso por el que pasarán más de 220.000 estudiantes durante las próximas semanas:

¿Para qué sirve? El objetivo declarado que establece la ley es muy parecido al que tenía ya a mediados de los setenta, esto es, decidir si alumno tiene la madurez y el nivel educativo mínimos para seguir los estudios universitarios. “Valorará, con carácter objetivo, la madurez académica y los conocimientos adquiridos en él, así como la capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios”, dice el proyecto de reforma de ley educativa (Lomloe) que se está tramitando en el Congreso. Sin embargo, en una prueba que aprueban prácticamente todos los estudiantes, lo cierto es que sirve sobre todo para ordenar el sistema: cuando hay más aspirantes que plazas para entrar en una carrera de la universidad pública, entran los que tengan mejor nota. Además, como esa nota de acceso es la media de la de selectividad (40%) y la del bachillerato (60%), muchos defienden que sirve para ajustar y ponderar las calificaciones de algunos centros privados, acusados de evaluar muy generosamente a sus alumnos.

¿Cuál es el papel del Gobierno central? El punto de partida de las pruebas es una norma estatal que fija los criterios generales de cada examen, su duración, los tipos de preguntas posibles (de respuesta abierta, semiabierta o cerrada), las partes del mismo, qué contenidos corresponden a cada una y que porción de la nota final del examen representan. Por ejemplo, en el ejercicio de Lengua, tiene que haber tres partes. La primera es de “Comunicación escrita: leer y escribir”, que representará el 40% de la nota y dentro de la cual hay contenidos (“estándares evaluables de aprendizaje”, dice la norma) como la comprensión general de los textos o el reconocimiento y uso de recursos gramaticales. El “Conocimiento de la lengua” y la “Educación literaria” son los otros dos bloques, y valen otro 30% cada uno. En otras asignaturas como Historia, las partes corresponden a periodos concretos: “Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711). Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) …”.

También establece un periodo durante el que las comunidades deben elegir la fecha concreta de las pruebas, que pueden prolongarse durante tres o cuatro días. Este año, el Gobierno hubo de cambiar, después de publicado, tanto el periodo de celebración como algunas de las características de los ejercicios. Esto último trataba de que los alumnos tengan muchas más posibilidades para elegir (normalmente pueden hacerlo entre dos bloques de preguntas) de tal manera que puedan responder siempre algún tema que sí hayan podido ver en este extraño curso en el que un trimestre ha tenido que enseñarse a distancia.

¿Qué hacen las comunidades? A partir de la norma estatal, la mayoría de comunidades ponen la organización y diseño de las pruebas, básicamente, en manos de sus universidades, aunque puedan aprobar algún detalle autonómico sobre las mismas (la fecha exacta, el número concreto de preguntas de los ejercicios) y tienen algún representante en las diferentes comisiones que organizan y coordinan cada año las pruebas. Estas comisiones se parecen mucho a las que establecía la norma de 1975 que reguló la primera selectividad. Un nombre tradicional, que nunca ha sido, en realidad el oficial. Durante muchos años fue PAAU (prueba de aptitud para acceso a la Universidad) y luego PAU (prueba de acceso a la Universidad). Ahora conviven dos siglas distintas, según la comunidad: EBAU (Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, está es la que usa también el ministerio), EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad).

Vídeo sobre las medidas de seguridad previstas para las pruebas de acceso a la Universidad de este año. En la imagen, Victoria Collado, vicesecretaria del instituto Lluís Vives de Valencia.Mònica Torres

¿Quién redacta los exámenes? Las comisiones organizadoras de la universidades nombran a su vez, entre sus especialistas, comisiones con coordinadores responsables de cada materia, que en muchos casos trabajan mano a mano con algún profesor de bachillerato, aunque suele ser el primero el responsable de la redacción final de las pruebas. “Quien redacta el examen es el coordinador de universidad, que realiza varias propuestas (cuatro, generalmente) y las hace llegar en sobres cerrados a la comisión organizadora de las pruebas. Esta hace un sorteo que determina el que deberán realizar los alumnos en cada una de las convocatorias [la ordinaria y la segunda oportunidad, normalmente en septiembre]”, explica por correo electrónico José Ignacio Extremiana, profesor de la Universidad de La Rioja, coordinador de la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

En el caso de Extremadura, el proceso es similar. Sin embargo, en otras comunidades, como la Valenciana, solo hay profesores universitarios entre los coordinadores. “Para cada materia de la prueba, cada universidad [de las cinco públicas de la autonomía] nombra a un especialista; normalmente lo hace el consejo de departamento de la asignatura correspondiente. Y esos especialistas son los que se reúnen y preparan el examen”, explica Salvador Pons, responsable de la asignatura Lengua Castellana y Literatura de la Universidad de Valencia. Y aclara: “Lo que pasa es que para preparar el examen nosotros tenemos que seguir unas normas, no podemos poner las preguntas que queramos”, dice en referencia las normas fijadas por el Gobierno y los contenidos que fija finalmente cada comunidad para sus alumnos de bachillerato. Sobre el papel, el 70% de los contenidos hay que tomarlos de la normativa estatal, pero en la práctica, el margen es amplio en unas pruebas con distintas opciones y con unos “estándares evaluables” muy genéricos en muchas ocasiones.

¿Cómo se fijan los criterios de corrección? Son estos especialistas quienes fijan, junto a cada propuesta de examen, los criterios de corrección, que son fruto del trabajo de muchos años en colaboración con los profesores de bachillerato. Con ellos mantienen desde el principio de curso unas reuniones en las que se discute, además, sobre diseño y contenidos de las pruebas. “En estas reuniones se adoptan acuerdos y se adaptan todas esas exigencias para que la estructura y el modelo de examen contemplen todos los requisitos, sea conocido por todos y permita una cierta homogeneización que evite, dada la complejidad o extensión de algunas materias, que los alumnos se enfrenten a una prueba con la que no estén familiarizados o con contenidos muy específicos que pudieran haber recibido en sus respectivos centros de manera muy desigual o desproporcionada”, explica Juan Sánchez González, profesor de la Universidad de Extremadura y coordinador de la materia Historia de España para las pruebas de acceso. “Estas reuniones, que cuentan con un alta participación de profesores, resultan muy gratificantes en el plano académico, se refuerzan los vínculos entre la Universidad y los centros de bachillerato, y de ellas a veces surgen iniciativas interesantes en relación con la docencia de las asignaturas y resultan muy necesarias para otorgar garantías y estabilidad tanto a profesores como alumnos”, añade el profesor.

Por ejemplo, en un examen de Matemáticas de Madrid, en la resolución de una pregunta de funciones logarítmicas, el “planteamiento correcto de la condición de continuidad” supondrá 0,25 puntos; la determinación correcta del parámetro, otro tanto y el “estudio de la continuidad en el resto del dominio”, medio punto más. Otro ejemplo, quizá con mayor margen de interpretación, lo ofrece el examen de Historia de España. Este dice que para entregar un punto con el desarrollo de una cuestión sobre “El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios”, el profesor valorará “la capacidad para sintetizar el proceso histórico en un desarrollo aconsejable de un máximo de 10 líneas y nunca superior a las 15 líneas”, de “responder a alguno de los aspectos históricos que, relacionados con el desarrollo del programa y estándares de aprendizaje, atiendan al tema, no siendo preciso para evaluar positivamente el ejercicio que el alumno haga referencia a todos ellos”, la “utilización de un lenguaje apropiado al estudio de la historia” y “las referencias espacio-temporales a las que hace referencia la cuestión”. Además, en este ejemplo madrileño, la comisión organizadora de la prueba ha fijado unos criterios generales de redacción para todas las materias: “La propiedad del vocabulario. La corrección sintáctica. La corrección ortográfica (grafías y tildes). La puntuación apropiada. La adecuada presentación”.

¿Quién corrige los exámenes y vigila las pruebas? ¿Cuánto cobran? Profesores voluntarios, sobre todo de institutos públicos, pero también en algunos casos de Universidad, conforman los tribunales y son los encargados de custodiar los exámenes, vigilar las pruebas durante los días de celebración y corregirlos. El proceso es anónimo, los ejercicios están codificados de tal manera que los correctores desconocen la identidad de los alumnos a los que evalúan.

Los miembros del tribunal cobran una cantidad fija (por todo el proceso, por días o por dietas) y otra por cada examen corregido (suelen evaluar entre 150 y 200 exámenes como máximo). En La Rioja, reciben 280 euros por todo el proceso más 2,12 euros por examen corregido. En Salamanca, son 80 euros por cada día de vigilancia, 3,31 por examen corregido, y también se cubren los gastos de alojamiento, en caso de ser necesario dormir fuera de casa en una comunidad tan extensa como la de Castilla y León, y de desplazamiento, a razón de 0,19 euros por kilómetro. En la Comunidad Valenciana, son 165 euros por día (más 15 de dieta) y una cantidad fija de 150 euros por los primeros 50 exámenes corregidos, y otros tres euros por prueba a partir de ese número. Este año, además, debido a la dispersión de sedes (en la Comunidad Valenciana los alumnos se van a examinar en sus institutos), también habrá vigilantes no correctores, que recibirán gratificaciones entre 50 y 200 euros (dependiendo de las responsabilidades) por los tres días de examen.

Una vez hecha la prueba, los coordinadores tienen una reunión con todos los correctores para resolver dudas concretas y fijar definitivamente los criterios de evaluación.

Los resultados, las reclamaciones y la nota media. Entre una semana y 10 días después de las pruebas, llegan los resultados. Para ser calificado como apto hay que superar la parte general: cuatro exámenes, o cinco en las comunidades con lengua cooficial, que incluyen Historia de España, Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y una materia específica de la modalidad del bachillerato que se ha estudiado (Matemáticas, Latín, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales o Fundamentos del Arte). Estos exámenes se califican de 0 a 10 y la media de todos ellos es la que se pondera, con una valor del 40%, con la nota del bachillerato, que cuenta el otro 60%. Con lo cual, para ser apto vale con obtener un 4 de media en los exámenes esa fase general.

Para subir nota, los alumnos se pueden presentar a otros cuatro ejercicios voluntarios de las asignaturas que elija que pueden sumar cuatro puntos extra a la nota final del acceso a la Universidad, con lo cual, la calificación puede llegar a hasta un 14 en el mejor de los casos.

Quienes no estén de acuerdo con la nota de algún examen, pueden reclamar una revisión. Con ella, un profesor distinto corregirá el examen de nuevo esta segunda nota hará media con la primera, de tal modo que la calificación final puede subir, pero también bajar.

La opinión de los especialistas

Varios especialistas de la Universidad de Extremadura y de La Rioja han ayudado a responder a las preguntas planteadas en este artículo, pero además han expresado su opinión sobre el actual sistema de selectividad. Estos son sus comentarios, cuyo conjunto, aunque es fruto del azar tras haber solicitado bastantes más opiniones que nunca llegaron, resulta un representación bastante fiel de las posturas más generalizadas frente al actual sistema de acceso a la Universidad:

J. Ignacio Extremiana, profesor de la Universidad de La Rioja, coordinador de la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: “Considero que la EBAU (u otra prueba similar) es necesaria para homogeneizar en lo posible los niveles de aprovechamiento. ¿Caben otros modelos? Por supuesto. Pero, el actual, a pesar de todos sus defectos, no me parece un mal sistema”.

Jema García Rubio, profesora de la Universidad de Extremadura, coordinadora de Latín: “Si bien en ningún caso puede decirse que funciona mal, sería más razonable utilizar el sistema abrumadoramente mayoritario en Europa (la Maturità italiana, el Abitur alemán o el Baccalauréat francés) en el que son los profesores de bachillerato exclusivamente los que examinan a los alumnos (nunca a los propios) para concederles el título y la nota obtenida es la que les permite el acceso a la Universidad, que puede exigir además otros requisitos”.

Minerva Sáenz Rodríguez, profesora de la Universidad de La Rioja, coordinadora de Historia del Arte: “Considero que este sistema denigra y desplaza totalmente a ciertas materias como la que coordino, Historia del Arte, porque al ser optativa en el Bachillerato de Humanidades, y también en las pruebas de la EBAU, se presentan muy pocos alumnos pues no la necesitan para subir nota, ya que las carreras de letras suelen tener notas de corte bajas. El sistema educativo actual y de décadas anteriores es totalmente injusto con las materias de letras y favorece claramente a las de ciencias. Como algunas materias de Humanidades se consideran de segunda categoría, nuestra sociedad se va ‘deshumanizando”.

Encarnación Núñez, profesora de la Universidad de La Rioja, coordinadora de la prueba de Biología: “La prueba selecciona a los alumnos que pueden acceder a una determinada titulación universitaria si esta tiene una nota de corte elevada, pero no es adecuada para medir si los alumnos tienen las capacidades necesarias para enfrentarse a la Universidad. En mi opinión, a la Universidad cada vez llegan más estudiantes con capacidades insuficientes, porque el sistema educativo no tiene filtros adecuados para seleccionarlos en las etapas preuniversitarias. Además, la Universidad tampoco adopta mecanismos de selección adecuados, ya que las normas de permanencia son demasiado laxas y hay mucha presión sobre los profesores para relajar los sistemas de evaluación. Por tanto, esta institución se está convirtiendo en una simple máquina de expender títulos que, por otra parte, cada vez tienen menos valor en la sociedad y el empleo. Todo ello resulta muy preocupante. Por aportar algún aspecto positivo, es necesario que exista un sistema de clasificación de alumnos antes de la Universidad para homogeneizar la procedencia de los estudiantes (en particular, si provienen del sistema público o privado). Pero también debería existir un sistema de selección más duro en otras etapas del sistema educativo. Además, sería positivo que la prueba fuese única para toda la nación, algo parecido al MIR de Medicina, porque también hay presión por parte de las comunidades autónomas y de los centros educativos por quedar bien clasificadas en el sistema”.

Juan Sánchez González, profesor de la Universidad de Extremadura y coordinador de la materia Historia de España: “Podría ser deseable que no existiera la selectividad, cuestión por otra parte que ya se planteaba en los años setenta del siglo pasado. En el caso de que hubiera que mantenerla, siempre caben mejoras y optimizaciones, en la línea, a mi modo de ver, de una mayor coordinación entre las diferentes comunidades autónomas para que el modelo de examen sea más equiparable y equilibrado —algo se ha hecho por las circunstancias excepcionales en este curso—, y donde sin necesidad de pactar un mismo examen por materia para todos los alumnos españoles, algo que parece una quimera indeseable, ni de proponer exámenes tipo test o exclusivamente memorísticos, los niveles de dificultad y de capacitación estén mucho mejor compensados y ajustados. Con una buena coordinación e intercambio de experiencias, si el sistema debe mantenerse —que es un debate en principio más trascendente— no encuentro mayor problema y sí, incluso, beneficios formativos, en el hecho de que los alumnos extremeños tengan que comentar un texto de las guerras carlistas y que los andaluces tuvieran que hacer lo propio con otro de la Primera República. Siempre y cuando la estructura de la prueba a la que se enfrenten sea equivalente y ajustada en términos académicos y de conocimientos”.

Eugenio Sánchez Bravo, profesor del instituto público Valle del Jerte, de Plasencia, y coordinador de secundaria para Filosofía: “La selectividad es un buen sistema porque ayuda a organizar un cuerpo de conocimientos común en bachillerato. Una prueba final, escrita, universal es un buen ejercicio de igualdad. ¿Funciona bien? Sí, la organización es buena. La gente puede criticar, los medios buscar el escándalo, pero hay mucho trabajo y gente competente detrás de la organización de un evento de estas dimensiones. ¿Se puede mejorar? Creo que sí. Se podría empezar por avanzar hacia la digitalización de los exámenes del alumnado”.

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Fuente: EL PAÍS
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