© Reuters. El Govern asegura que se seguirá pagando el impuesto a bebidas azucaradas

Barcelona, 11 jul (.).- El vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, ha asegurado este jueves que el impuesto catalán a las bebidas azucaradas se seguirá pagando y que el Govern trabajará para lograr que el reglamento que despliega esta ley, ahora anulado judicialmente, “vuelva a estar vigente” lo antes posible.

En declaraciones en el Parlament, Aragonès se ha referido así a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de declarar nulo el decreto del Gobierno catalán que regula el impuesto autonómico sobre bebidas azucaradas envasadas, un tributo que se creó a través de los presupuestos de 2017.

Aragonès ha querido aclarar que “el impuesto no está anulado, sino el reglamento que desarrolla aspectos técnicos”, y ha sentenciado: “El oligopolio de la industria alimentaria que ha puesto en el punto de mira este impuesto desde el primer día no nos tumbará”.

“La ley del impuesto sigue vigente y el impuesto se tendrá que pagar”, ha asegurado Aragonès, que ha precisado que el Govern “volverá a aprobar” aquellos aspectos técnicos incluidos en el decreto anulado para que vuelvan a estar en vigor.

Aragonès ha dicho que el Govern estudiará también “la viabilidad de un recurso” al fallo conocido hoy y ha añadido que “lo peor que podría pasar” es tener devolver cantidades ya recaudadas para cobrarlas luego otra vez.

El recurso ante el TSJC lo habían promovido la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la patronal de la gran distribución Anged, la asociación de grandes cadenas españolas de supermercados (Aces), la de distribuidores de autoservicios y supermercados (Asedas), la asociación de codificación comercial Aecoc; la asociación empresarial de marcas de restauración y la asociación Promarca.

Aragonès ha dicho que el impuesto es “necesario” porque una parte de la población sufre los efectos nocivos en la salud del exceso de azúcar y ha insistido en el compromiso “firme y total” del Govern de seguir aplicando este tributo.

La sección segunda de la sala contencioso-administrativa del TSJC justifica la anulación del reglamento en que el gobierno catalán “ha prescindido de los trámites de consulta, audiencia e información públicas expresamente exigidos” a la hora de tramitar este decreto.

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